Defensa del empleado público

El funcionario público tiene derecho a la defensa letrada y a la representación procesal a cargo de la administración cuando tiene que acudir a los Juzgados y Tribunales como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.


El Tribunal Supremo se ha pronunciado en este sentido para el caso de funcionarios municipales, estableciendo los requisitos necesarios para entender que la Administración debe correr con los gastos de representación y defensa.

En nuestro nuevo artículo dedicado a la defensa del empleado público lo explicamos con más detalle.